Eran las 9 de la noche del miércoles 29 de abril cuando, hombres fuertemente armados llegaron a la Vereda el Vado, municipio de Mercaderes Cauca, para asesinar al presidente de la Junta de Acción Comunal Álvaro Narváez Daza. En los hechos también murieron su esposa, su hijo y una nieta de quince años. No eran guerrilleros, no eran paramilitares, no eran delincuentes. Eran campesinos que trabajaban por su comunidad y por su territorio.
Y es que mientras parte los
colombianos enfrentamos la pandemia desde la comodidad de nuestros hogares,
otros, en la Colombia profunda y de la que casi nadie habla, resisten al virus
de la violencia armada. Al parecer con
la llegada del Covid 19, las medidas para enfrentar la emergencia no detienen
los planes de grupos criminales que operan en el país y que actúan para acallar
las voces de los líderes y defensores de derechos humanos.
Así, producto del Acuerdo de Paz,
la salida de las Farc del escenario armado, pero a su vez la incapacidad del
Estado para hacer cumplir lo pactado, principalmente en materia de reforma
rural y sustitución de cultivos ilícitos, ha tenido como consecuencia, como en
el departamento del Cauca, que expresiones residuales armadas y del ELN emprendan
una disputa por el control de las economías ilegales como la minería ilícita no
artesanal, la deforestación y el narcotráfico, generando una crisis humanitaria
que se expresa en altas tasas de homicidios, tal y como lo reporta la Defensoría
del Pueblo.
Estos hechos han tenido como
consecuencia la desprotección y la vulneración de los derechos de comunidades
campesinas, indígenas y afros, generando desplazamientos forzados en medio de
la expansión de un virus que puede resultar letal para territorios que, además,
no cuentan con los recursos para una atención médica oportuna.
Sin embargo, éstos no son los
únicos intereses a lo que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos.
En ese sentido, los líderes sociales también resisten al control por los
recursos naturales en la dinámica de una economía extractiva que choca con
formas de producción campesina y con el agotamiento de tales recursos, lo cual
también resulta arriesgado para sus vidas.
Y si bien el asesinato de líderes
sociales es un tema que hemos comenzado a ver cada vez más en los medios de
comunicación, son hechos que se siguen cometiendo ante la indiferencia de
Gobierno Nacional que no responde a las necesidades de las comunidades y que
por el contrario permite, con su no actuar, que los grupos armados extiendan su
poder. Desde la llegada de Covid 19, en el Cauca se han registrado 9 asesinatos
a líderes sociales.
Así, los defensores de derechos
humanos en los territorios afrontan un doble reto, la preocupación y gestión
para enfrentar la amenaza del Covid 19 y los ultimátum de los grupos armados
que siembran el terror en las comunidades. Como lo dijo la defensora de DDHH
del Norte del Cauca, Clemencia Carabalí en tiempos de cuarentena “Estaremos
en nuestras casas y saben dónde vivimos”.
Catalina Vasquez Cardenas
Palabras de cuarentena.
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